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by acls us

¿Qué pasa con la seguridad en Boyacá?

En las últimas semanas se nos ha venido encima a los boyacenses una oleada de violencia y delincuencia común, que se reporta en sicariatos fallidos. Tal es el caso del  Fiscal Cuarto Seccional de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de Sogamoso, quien el pasado lunes fue víctima de un atentado del cual logró salir con vida. Así mismo un concejal de Guateque, quien le cambió la suerte gracias al uso de un chaleco antibalas. Los homicidios se han presentado en varios municipios del departamento como  Tunja, Duitama, Pauna, Labranzagrande y otros,  donde no importa el estrato social de la víctima, que pasa de personajes de la política hasta personas comunes y corrientes.

La delincuencia común está atacando en los establecimientos comerciales, en los vehículos, y en las calles. La población  se queja del accionar policial. Los panfletos también se han dejado ver, pero para gran sorpresa, algunos de aquellos aprehendidos no son de nuestro departamento. ¿Será que en realidad la delincuencia es producto de las cárceles que le han otorgado los grandes mandatarios a nuestro Boyacá, como lo plantean algunas personas en las calles? ¿O será que las famosas leyes de penalización en nuestro sistema  ya no funcionan? Vemos como personas acogidas a la ley de justicia y paz resultan capturadas en casos de fleteos, como también personas que tienen medidas de aseguramiento domiciliario delinquen lejos de su morada.

Para muchos habitantes de los distintos municipios, el accionar policial no es el correcto, puesto que la Policía ha perdido credibilidad. Ya que no se presentan  a tiempo, no contestan las llamadas y la reacción no es inmediata. Por otra parte, otros ciudadanos culpan a las administraciones, por  falta de organización,  oportunidades tanto laborales, educativas y socio económicas. Un último grupo  culpa a los jueces y a la administración de justicia, por no ser eficaz.

La razón del problema  puede  residir  en que a nuestras ciudades les hace falta uniformados o que los delincuentes ya no le temen a los sistemas de seguridad, como las cámaras, alarmas, etc, porque en realidad no se les da un uso adecuado.

La seguridad no sólo se mide en referencia a los homicidios, también  en las denuncias que se presentan  por los ciudadanos y  el descontento que tienen ellos  hacia el sistema. Es cierto que los hechos de inseguridad nublan la capacidad de los ciudadanos para confiar en estudios o discursos institucionales. Porque los prejuicios salpican cualquier estudio relacionado con el tema. Siendo así  vemos que el esfuerzo  no debe ser sólo institucional ni tampoco del gobierno, ya sea nacional, departamental o municipal, ni de la fuerza pública. El logro de una sociedad segura debe ser colectivo, ya que no podemos tapar el sol con un dedo, pues la sociedad debe hacer un esfuerzo conjunto para solucionar los conflictos  de la fuerza y la violencia. Puesto que si no nos quedamos callados y nos volvemos uno, la violencia no podrá contra todos. Debemos atacar el problema de raíz, y éste no reside en  crear sanción sobre sanción, sino en educar nuestras generaciones fuera del libertinaje y basados en principios y valores como nos enseñaban nuestros tatarabuelos. Ojalá  nuestro departamento no llegue a ser  un territorio de disputa  entre las diferentes organizaciones criminales. Por eso debemos reflexionar  acerca de la seguridad en nuestros municipios.